Hoy, las celebraciones tienen lugar bajo el lema del Día Internacional del Migrante. En un momento en el que nos acercamos al final del Año Europeo del Diálogo Intercultural y en el que mucho se ha hablado de la importancia y los avances en el campo de las políticas de integración, no podemos dejar de señalar la precaria situación en la que se encuentran muchos miles de inmigrantes en Portugal, a saber, @s “indocumentad@s”, y por el irrespeto institucionalizado a los Derechos Humanos, cada vez más evidente en las políticas antiinmigración europeas.
La revuelta y la determinación de miles de inmigrantes que salieron a las calles de Lisboa el 12 de octubre siguen muy vivas: el pasado domingo 14 de diciembre, cientos de inmigrantes llenaron a cuña el Auditorio del CNAI, en una concurrida Pleno, respondiendo a la convocatoria de la Asociación SOLIDAREDADE IMIGRANTE. Las razones de este descontento no faltan y van más allá de sus propias fronteras.
EN EUROPA, existen preocupantes retrocesos civilizatorios en materia de Derechos Humanos, ante los cuales no podemos permanecer indiferentes. La aprobación del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, el Pacto Sarkozy, supone el reforzamiento de la vertiente represiva del control de fronteras y la criminalización de la inmigración. El Pacto también formaliza una práctica que ha sido adoptada por la mayoría de los países europeos: prohíbe los procesos de regularización en los estados miembros de la UE, enviando a la clandestinidad a los aproximadamente 8 millones de personas indocumentadas que viven y trabajan en Europa.
La Directiva de la Vergüenza, que, a pesar de haber sido fuertemente contestada y repudiada por amplios sectores de la sociedad civil, fue aprobada formalmente, con el voto favorable del gobierno portugués, en vísperas de las conmemoraciones del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , representa un paso de gigante hacia la criminalización y expulsión de los indocumentados. Esta es una mala noticia no solo para los inmigrantes sino también para los europeos, por el profundo revés civilizatorio que representa.
Con la crisis se dice que es necesario proteger los empleos nacionales. Pero mantener a estos inmigrantes en la clandestinidad tiene dos resultados prácticos: alimenta bolsas de trabajadores desprotegidos frente a la explotación laboral y alimenta la exclusión social. Además, la posición de querer expulsar a aquellos sin los cuales hubiera sido imposible mantener los niveles de crecimiento observados en las economías europeas en las últimas décadas es una hipocresía atroz. En la práctica, se trata de “usar y tirar”.
EN PORTUGAL, el divorcio entre la propaganda oficial y la realidad es cada vez más evidente. La Ley de Extranjería -vigente desde julio del año pasado- deja a miles de personas fuera de su justa regularización y aumenta la discrecionalidad del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF). Estos son algunos de los problemas más evidentes:
La ley crea un círculo vicioso –el trabajo es necesario para tener derecho a la residencia, pero la residencia es necesaria para trabajar– que deja a los migrantes en un callejón del que es difícil salir, precariza su situación y alimenta los “falsos contratos”.
Los mecanismos para la regularización de las personas indocumentadas que viven y trabajan en este país (artículos 88 y 89) son de carácter no oficial y están definidos en la Ley como excepcionales, lo que refuerza las facultades discrecionales de la SEF y del Gobierno.
Es prácticamente imposible para un extranjero@ obtener un visado para trabajar en Portugal, antes de venir aquí, ya que es necesario presentar previamente un contrato de trabajo, o, como mínimo, una “manifestación de interés individualizada por parte del empleador”, además de la extrema dificultad y demora en todo el proceso. Ahora bien, ¿qué empleador le ofrecerá empleo a un inmigrante antes de conocerlo? El sistema actual en realidad no promueve la tan cacareada “inmigración legal”.
Las políticas de cuotas volvieron a ser un fracaso. Para colmo, el Gobierno está contando la regularización de los indocumentados que ya viven y trabajan aquí por las cuotas, como si se tratara de nuevos ingresos al mercado laboral.
Con la definición de renta mínima, el derecho a la reagrupación familiar ha quedado cada vez más limitado e inadecuado a la realidad del salario medio nacional.
En su relación con el Estado portugués, los inmigrantes no regularizados ven que existen dos pesos y medidas claramente diferenciados, según se trate de cumplir deberes o de que se les reconozcan sus derechos. Por ejemplo, Seguridad Social y Hacienda reciben cotizaciones de quienes no tienen una situación documental regularizada, pero si @inmigrante es despedido del trabajo, se le niega el derecho a recibir la prestación por desempleo, alegando la falta de Visado o Autorización de Residencia. Lo mismo se aplica a la licencia de maternidad y cualquier otro tipo de protección social.
El 18 de diciembre – Día Internacional del Migrante – 2008, el Año Europeo del Diálogo Intercultural, el año que también marca el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reivindicamos cuál debe ser el verdadero significado de estas efemérides, reivindicamos derechos y trato digno para todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento.