El Derecho a la Vivienda es un derecho humano básico establecido en la Constitución portuguesa y en numerosos tratados ratificados por Portugal.
El grupo fue creado en marzo de 2005 en respuesta a las solicitudes de familias que viven en barrios marginales. Estas personas no estaban inscritas en el PER, el Programa Especial de Realojamiento, y sus viviendas estaban siendo destruidas sin ninguna propuesta de reubicación. Estuvieron a punto de estar en la calle. Decidimos apoyarlos en su lucha por el acceso a una vivienda digna y cuestionar a las autoridades públicas sobre su situación general de vivienda en Portugal.
Obligados a darnos cuenta de que la crisis de la vivienda no afecta solo a la población inmigrante sino a una parte importante de la población portuguesa, pretendemos desarrollar nuestra intervención a favor de todas las personas que no tienen acceso a este derecho, sea cual sea su origen.
Miles de personas viven en Portugal en condiciones de insalubridad avanzada, no tienen acceso al mercado de la vivienda privada y la ciudad. Sin embargo, nos encontramos con que miles de edificios siguen abandonados en las regiones de Lisboa y Oporto, que la legislación existente es ineficaz y que la intervención del Estado en esta materia es cada vez más débil.
Después de unos meses de trabajo para apoyar a las familias expulsadas de sus hogares sin propuestas alternativas de vivienda, hoy creemos importante desarrollar una reflexión más profunda y transversal sobre el tema de la vivienda en términos sociales, económicos, urbanísticos, legislativos… .
Las demandas de Solidaridad Inmigrante con los Municipios y el Gobierno para construir una política de desarrollo habitacional inteligente y sostenible que evite la creación de nuevos guetos y permita el acceso a una vivienda digna para todos, concretamente a través de:
1- Vivienda digna para todas las personas sin discriminación, la construcción y promoción de un mercado de la vivienda a un costo adaptado a los ingresos de cada persona, como se establece en el punto 3 del artículo 65 de la Constitución portuguesa;
2- La mejora de las condiciones de habitabilidad, el reasentamiento de miles de personas que viven en condiciones infrahumanas;
3- La rehabilitación de los innumerables edificios vacíos en Lisboa para personas necesitadas;
4- La suspensión de los derribos sin realojo en las villas y la búsqueda de soluciones para todas las familias;
5- La lucha contra la especulación inmobiliaria y la discriminación en el acceso a los arrendamientos.
